“¿De qué estamos hablando, viejo?”

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“¿De qué estamos hablando, viejo?”

En Colombia, una indignación creciente se manifestó en las urnas este 27 de octubre; en contra del sistema político tradicional y de las maquinarias, se impuso el voto de opinión en las principales ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Bucaramanga, en las que el voto independiente triunfó, en contraste con las elecciones presidenciales del año pasado, marcadas por una tremenda polarización, en las que se eligió un gobierno de alianzas partidistas adverso al proceso de paz que consecuentemente ha dilatado los compromisos, en medio de una ola de violencia que nos devuelve a las peores épocas del conflicto armado. En ese contexto, Colombia se enfrenta hoy a nuevas e inéditas movilizaciones.

El Paro Nacional de 21 de noviembre, convocado por diferentes sectores sociales en rechazo a las políticas del gobierno, en temas tan diversos como el bombardeo en el que murieron menores, la militarización de los territorios indígenas, el asesinato de líderes sociales, el anuncio sobre el uso del glifosato, el fracking, las reformas anunciadas o en trámite que amenazan profundizar más la situación pensional, laboral y tributaria, la reducción de recursos a ciencia y tecnología, los incumplimientos a la educación y hasta el comercio de aletas de tiburón, hacen parte de las demandas de una población inconforme por la falta de oportunidades y la desconexión del sistema frente a sus necesidades, en medio de escándalos de corrupción que han roto la confianza en las instituciones. 

Las manifestaciones se han prolongado durante días con la participación de distintos grupos sociales, especialmente de jóvenes, que asisten masivamente a las concentraciones eminentemente en paz, elevando mensajes expresados muchas veces con inusitada creatividad en medio de demostraciones culturales: música, teatro, carteles, sumados a la contundencia de los cacerolazos nocturnos. Las redes sociales han sido fundamentales como medio de comunicación, incluso en tiempo real, para la información y la desinformación, para la convocatoria, el debate y también para la confrontación virtual, con efectos muy positivos. Un ejemplo es la campaña #sacaeltransmileniodelaprotesta, iniciada por los propios usuarios, quienes han podido defender el sistema de nuevos ataques, lo que ha permitido su funcionamiento en los días posteriores al 21N.

Los vándalos definitivamente no representan la protesta. Desde el primer día, los desmanes degeneraron en ataques a edificios públicos, al comercio, pero sobre todo al sistema de transporte. Las marchas se vieron infiltradas por encapuchados interesados en crear caos, la estrategia de la violencia y el pánico le sirve tanto a quienes han querido deslegitimar la protesta, como a aquellos que quieren aprovecharla para presionar fines políticos; la intención no es clara y genera suspicacias. En todo caso, sus apariciones son sinónimo de violencia y a pesar de que las marchas han tratado de aislarlos, la Policía y el ESMAD se han visto desbordados y en ocasiones los enfrentamientos solo causan más violencia. La intervención de la fuerza pública ha tenido resultados lamentables, como la muerte del joven estudiante Dilan Cruz.

Pero así como los vándalos no representan la protesta, tampoco los miembros de la fuerza pública que cometen abusos representan a sus instituciones, no obstante los cuestionamientos sobre las garantías del derecho a la protesta en medio de las confrontaciones impiden su ejercicio. Esto motivó uno de los puntos de la protesta sobre la eliminación del ESMAD que el gobierno rechaza tajantemente. No obstante, las actuaciones de la fuerza pública dejan claro que son necesarios cambios sustanciales en la forma de cumplir su misión, que necesariamente pasa por proteger y garantizar el ejercicio de un derecho constitucional como es a la protesta. En ese sentido, la presencia de los gestores de convivencia apoyando la estrategia de acompañamiento a las marchas desde la institucionalidad, es una alternativa civilista con enfoque positivo.

Un elemento importante sobre estas marchas  es la desideologización de la protesta que no ha salido abanderando un partido, a pesar de contar con el apoyo de los partidos de oposición. Los movimientos y grupos sociales hasta ahora han demostrado suficiente madurez para gestionar sus agendas y no han permitido liderazgos partidistas, dejarse subsumir por estos liderazgos significa desvirtuar la movilización y darle argumentos al gobierno para rechazarla con el argumento de no dejarse cogobernar; en palabras de algunos, no permitir a la oposición “tratar de conseguir en la calle lo que no consiguieron en las urnas”. Para lograr las transformaciones que se requieren es necesario un dialogo amplio, democrático e incluyente, como lo ha manifestado el Comité Nacional de Paro.

Desde la séptima papeleta, que llevó a Colombia a la última constituyente, el país no había tenido una crisis política como la actual, los costos de la protesta ya han exacerbado el clima social y no es fácil entender la situación de paro como una nueva oportunidad para consolidar el proceso de paz de manera más incluyente con el clamor de una ciudadanía que reconoce en la falta de oportunidades una forma de violencia, y violencia de estado cuando es el propio estado quien impone barreras al progreso de los más pobres y en cambio favorece a los más ricos. El hecho de que se estén reclamando masivamente demandas sociales en la calle, habla del rechazo a las medidas neoliberales y de un agotamiento del sistema representativo que exige una democracia más directa y participativa.

La exigencia de diálogo directo de los líderes del paro es por ahora un inamovible que mantendrá a la gente en la protesta, no se sabe hasta cuándo. La “gran conversación nacional” propuesta por el gobierno no parece entender la dinámica de la calle; sin que se produzcan efectos positivos es posible que las marchas continúen indefinidamente en una época en que las expectativas del comercio son muchas y podrían verse afectadas por la tensión permanente por nuevos brotes de violencia.

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